¿Para dónde la Ley de Consulta?

Por Marina Irigoyen A.

Temas Pendientes

Resaltamos cuatro temas a trabajar. Uno, el otorgamiento de concesiones, sean de hidrocarburos, forestales o mineras, durante el período de organización de las entidades estatales encargadas (90 días). Dos, la reestructuración del INDEPA. Tres, la necesidad de fortalecer la representatividad de las organizaciones indígenas; y cuatro, la necesidad de que el gobierno genere un dialogo más amplio, en particular con los empresarios, en referencia a la ley.

Mientras se debatía la norma, la OIT ya ha recomendado al Gobierno Peruano que se suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas, en un clima de pleno respeto y confianza. Pero siendo el tema inversiones (y en particular hidrocarburos y minería) clave para el desarrollo y la economía nacional, el Ejecutivo no ha respondido a este llamado argumentando que no se debe afectar el “clima” de inversiones. Este es un asunto preocupante porque en la actualidad hay rechazo a concesiones como la aurífera en la zona de Santiago, Amazonas, y se pueden volver a presentar protestas en el ámbito. En este período de transición es altamente riesgoso seguir otorgando concesiones sin respetar los procesos ya sancionados.

Existe además recelo frente al INDEPA reconocido en la ley como el Órgano Técnico Especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo responsable general de los procesos de consulta. Pero el INDEPA es sindicado como de alta fragilidad institucional, falta de recursos y escasa representatividad, y no goza del reconocimiento de las organizaciones indígenas. Se requiere entonces una urgente revisión de su equipo, recursos y rearmar las relaciones con las organizaciones indígenas, formulando un plan consensuado para su labor.

Otro punto a trabajar con amplitud y creatividad es el referido a la representatividad de organizaciones indígenas ya que hay pueblos indígenas que no se sienten reconocidas por alguna de las cinco organizaciones nacionales que han auspiciado esta norma; CCP, CNA, CONACAMI, CONAP, AIDESEP. Para las organizaciones indígenas será todo un reto enfrentar esta situación y responder a los requerimientos de Consulta con oportunidad y calidad, fortaleciendo sus capacidades de diálogo intercultural.

Finalmente, en los medios de prensa se escucha a representantes empresariales que expresan temor por la dación de esta norma considerándola como “una camisa de fuerza” a los proyectos de inversión que apuntan a desarrollar y explotar los recursos naturales. El Gobierno –y los medios en general- deben esclarecer los alcances de la norma y dialogar al respecto.

La Ley de Consulta es, entonces, un significativo avance sobre el que hay poner en práctica experiencias y sistematizarlas para afirmar consensos, haciendo un balance entre los intereses nacionales ambientales, sociales y económicos pero sin afectar los justos derechos de los pueblos indígenas.