Alrededor de un centenar de representantes de la sociedad civil, líderes sociales de ámbitos circundantes a la minerías, dirigentes de la minería artesanal  y a gran escala, representantes del sector privado, entidades del Estado y embajadas participaron en la segunda reunión anual del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), un espacio de intercambio que permitió reflexionar sobre los principales desafíos de la próxima agenda congresal en materia minera.

Durante la jornada, las congresistas electas compartieron sus perspectivas sobre los temas prioritarios que deberá abordar el próximo Congreso, mientras que representantes de organizaciones sociales y de la minería artesanal expusieron sus preocupaciones y propuestas desde los territorios.

Ruth Luque, senadora electa por Ahora Nación, planteó una serie de temas que consideró no negociables dentro del debate legislativo. Entre ellos, destacó la prohibición de actividades mineras en cabeceras de cuenca y Áreas Naturales Protegidas (ANP), el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el marco del Convenio de Minamata respecto al uso del mercurio y la necesidad de regular de manera diferenciada la minería aluvial.

Asimismo, expresó su preocupación por las superposiciones de concesiones mineras en territorios intangibles y señaló que la trazabilidad de la minería no debe limitarse a procedimientos administrativos ni circunscribirse únicamente a la minería aurífera, sino incorporar así el control sobre la comercialización de insumos críticos, como los productos químicos utilizados en la actividad minera. Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuestionó las sucesivas ampliaciones del régimen y los procesos de flexibilización implementados en los últimos años.

Por su parte, Romina Uribe, diputada electa por el Partido del Buen Gobierno, destacó la importancia de fortalecer espacios de diálogo como el GDM para construir políticas públicas con la participación de diversos actores. En su intervención, planteó la necesidad de desarrollar una nueva legislación para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), con un enfoque territorial, ambiental y social.

Además, propuso fortalecer la fiscalización mediante un sistema centralizado que supervise a las plantas de tratamiento, las empresas comercializadoras y el control de insumos críticos como el mercurio, incorporando la atención a los riesgos laborales que enfrentan quienes desarrollan esta actividad.

Durante el diálogo, los líderes sociales participantes resaltaron la importancia de garantizar el respeto de los procesos de diálogo en sus regiones y de asegurar que sus voces sean consideradas en las mesas de negociación con la gran minería. Del mismo modo, hicieron un llamado para que las autoridades ejerzan de manera efectiva su función fiscalizadora, coincidiendo en varios aspectos con los planteamientos expuestos por la senadora electa Ruth Luque.

Finalmente, un representante de Macrosur, asociación que agrupa a mineros artesanales, enfatizó la necesidad de comprender la realidad social de la minería artesanal, recordando que esta actividad constituye el principal sustento de numerosas comunidades campesinas, especialmente en el sur del país, por lo que cualquier reforma normativa debe considerar las particularidades de estos territorios y de las poblaciones que dependen de esta actividad.

El encuentro reafirmó la importancia de promover espacios de diálogo plural y técnico que contribuyan a la construcción de una agenda legislativa orientada a una gobernanza minera que incorpore las distintas miradas presentes en el país.