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Teniendo como eje de debate el tema “Evaluación y fiscalización ambiental minera”, el pasado jueves 5 de noviembre en el Hotel Boulevard de Miraflores, se dieron cita distinguidos representantes de organizaciones competentes en la materia como el señor Guillermo Shinno, Gerente de Fiscalización Minera de OSINERGMIN y Walter García, Jefe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), junto a miembros de organizaciones civiles que llegaron desde Huaraz, la Oroya, Madre de Dios y otras regiones. Se contó también con la presencia de dirigentes de la minería artesanal y empresarios de mineras como Río Tinto, Antamina y Yanacocha, entre otros.
La reunión se dio inició con la exposición del señor Manuel Bernales, Consultor de Futuro Sostenible, quién hizo la presentación de los resultados del taller sobre el Cierre de Minas realizado en septiembre en el marco de la 29 Convención Minera – PerúMin, el cual giró en torno a tres interrogantes: ¿Quién debería liderar las actividades en caso que el post-cierre requiera un equipo de ingeniería permanente? ¿Cuál es la opción más efectiva para favorecer un adecuado cierre de minas? y ¿Cuál puede ser la principal preocupación de la sociedad respecto al cierre de minas? Es importante recalcar que el mayor reto que plantea el cierre de minas es generar la estrategia de sostenibilidad de integración.
Por su parte el Ing.Walter Casquino, presidente del consejo directivo de INGEMMET, expuso acerca de la labor de su institución, que nació con un grupo multidisciplinario de profesionales en 1992, quiénes tuvieron la tarea de pasar del sistema de topografía al de geodesia (sistema de coordenadas). Señaló que ahora se trabaja por el catastro integrado nacional multidisciplinario, el cual es base para la solidificación económica y ecológica de la nación y el ordenamiento territorial.Algunas cifras: hasta el momento existen casi 20 millones de áreas concesionadas y 60 millones de hectáreas excluidas .Descargar presentación
Walter García, Jefe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), expuso sobre el ente que representa, el cual nace con el Ministerio del Ambiente y tiene la función de evaluar, supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar en materia ambiental. También explicó sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que tiene a su cargo dicho organismo.Descargar presentación
Guillermo Shinno, Gerente de Fiscalización Minera OSINERGMIN expuso sobre Fiscalización Ambiental en la Minería Aurífera en cuanto a el control de compromisos y obligaciones ambientales y condiciones de trabajo seguro.Descargar presentación . Además el Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales (OAAS) del Ministerio del Ambiente, Erick Soriano Bernardini, estuvo presente pero tuvo que retirarse por atender funciones relativas a su cargo, sin embargo, compartimos la presentaciòn que habìa preparado para su ponencia:Funciones del MINAM en el tema de fiscalización.
Durante la sección informes, algunos de los participantes manifestaron su deseo de reimpulsar el diálogo en el grupo, lo que fue ratificado por José Luis López y demás asistentes a la reunión, quiénes coincidieron en no olvidar la naturaleza inicial del Grupo de Diálogo como un espacio de comunicación donde los distintos líderes procedentes de distintos sectores se reúnen para promover la construcción de agendas socioambietales, generando confianza a través del diálogo intercultural sobre la minería y su relación con el desarrollo sostenible. Por ejemplo, con respecto al conflicto de Tia María, en Arequipa, se abre la posibilidad al diálogo entre la empresa Southern, el MINEM, y la comunidad para analizar el uso del recurso agua en dicho proyecto.
A continuación se destacan algunas intervenciones que comunicaron avances, conflictos y aportes, entre otros:
Carlos Aranda comenta la exposición de Manuel Bernales: “El cierre de minas es un esfuerzo de nuestra industria minera, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el 96 ya había planteado esta herramienta, no como ley sino como reglamento. El planteamiento del cierre progresivo es peruano (… ) los chilenos han tomado esto como un insumo por un tema financiero, por el flujo de caja. Uno de los elementos que se añadió a esta práctica fue la reconversión laboral.”
Sobre proyecto Tía María de Southern
Humberto Olaechea informó sobre el problema de Tia María en Arequipa: “Quiero precisar la postura de la empresa Southern, quien anunció que iba a analizar las diferentes alternativas de uso agua, y luego sin mayor explicación opta por el uso de aguas subterráneas. No se tendrá solución mientras la empresa insista que la mejor alternativa es el uso de agua subterránea, porque la mayoría de la población está convencida que la mejor alternativa, por su cercanía al mar, es el uso de una planta desalinizadora.”
En réplica a Humberto Olaechea, Clara García dijo:” Partiendo de sus misma información, el Sector de Energía y Minas en cumplimiento estricto de las normas fue a hacer la audiencia pública, y dada la forma en que se manejó la audiencia pública de parte de los actores de la zona, perdieron la valiosa oportunidad de decir de la forma más serena, ecuánime y técnica sus puntos de vista, yo asistí y fui testigo de la violencia que tienen que sufrir los funcionarios públicos que van con la mejor transparencia y buena voluntad a trabajar a estas zonas. A través del GDMDS debemos transmitir a los actores de las comunidades que no debemos perder estas oportunidades de audiencias públicas para que de manera organizada, legitimada y formal podamos expresar a la autoridad lo que realmente quieren las poblaciones porque con la violencia no vamos a llegar a nada. Y respecto a lo que dice el Sr. Olaechea, ciertamente la empresa está evaluando nuevas formas de uso de agua, y por ello que quede claro que la única razón de esa protesta era que la empresa estaba utilizando una agua que no había consultado con los pueblos”
Por último Carlos Aranda, acota sobre el proyecto Tia María: “No es cierto lo que se ha planteado respecto a las alternativas, previos a la audiencia hubieron tres talleres informativos, en los tres talleres no hubo ningún tipo de problema, en el primer taller se plantearon las ideas bases de lo que se iba hacer a través del estudio de impacto ambiental y lo que iba a contener el proyecto, en el segundo taller se plantearon las tres opciones de uso de agua en el proyecto, en el tercer taller se establecieron las razones porque se optó por el uso del agua subterránea, hasta a ahí todo tranquilo, no hubo protestas, la gente no reclamó, infortunadamente cuando faltaban tres láminas donde se iba a especificar este tema prácticamente ya no se podía hablar por lo griteríos y sillas voladoras. Que no se diga que la empresa sacó debajo de la manga una idea que no había sido expuesta porque esta había sido explicada”
Sobre el diálogo en el GDMDS
Luis Barrenechea: “Quisiera hacer algunas sugerencias sobre el grupo de diálogo, me parece interesante este diálogo, imperfecto quizás que hemos tenido, como lo que ha sucedido con Southern. Esa es la esencia del GDMDS, poder hablar, discrepar, hablar abiertamente con libertad y responsabilidad, pero es la esencia que estamos perdiendo y lo estamos haciendo más foro que otra cosa, los foros son interesantes pero creo que son para otros espacios.”
Mónica Belling declaró al respecto: “Estoy totalmente de acuerdo con Luis Barrenechea con que el GDMDS debe ser un espacio de diálogo, como periodista que soy creo ya es tiempo de que los gobiernos asuman cada cual su rol y que estos espacios sirvan para a cada a cual exigirle lo que le corresponde, eso es fortalecimiento de instituciones. Si bien es cierto, es importante la presencia de los señores representantes del Estado, más importante aun es el diálogo, diálogo que lamentablemente en las últimas sesiones se ha estado sesgando a que sea solo un punto de entrada. No se debe desvirtuar este espacio, no se debe convertir en un foro, porque todo ese sacrificio que hacemos para llegar hasta aquí debe ser reconocido para asumir el diálogo, sino lamentablemente tendré que denunciar por Proactivo que el GDMDS ya no es un grupo de diálogo sino que es el grupo de los foros especializados en minería y que así debe llamarse”
Sobre el caso Antamina en Ancash
Vladimiro Alvarado, Alcalde de la municipalidad de Bolognesi – Ancash, considera que esta zona de operaciones de Antamina no está siendo debidamente atendida por lo que le pide a Pablo de La Flor que le permita dialogar con la participación de MEM y las autoridades locales para, mediante el diálogo, llegar a un mejor entendimiento con la empresa. Recalcó que para que haya un buen cierre, la confianza se debe cultivar durante toda la etapa de explotación y cumpliendo los compromisos y las promesas que se hacen. Además felicitó al GDMDS y sugirió en una próxima oportunidad una reunión descentralizada.
Réplica de Pablo de la Flor: “Antamina tiene la mejor predisposición a dialogar, sin embargo no puede pretender solucionar todas las carencias y los problemas de la región(…)la empresa ha transferido por concepto de CANON a lo largo de los últimos cuatro años 1200 millones de dólares en los últimos cuatro años. Sin embargo en la actualidad la región solo ha sido capaz de gastar el 13% de su presupuesto. Este requerimiento debe ser canalizado a las instancias competentes que en este caso es al Gobierno central.”
Sobre Río Blanco
Clara García, Asesora de ministro del MEM, solicitó al GDMDS que realice un deslinde enfático de lo ocurrido en el ataque a la minera Río Blanco Cooper, el cual dejó dos personas fallecidas el pasado 2 de noviembre. José Luis López, coordinador del grupo se sumó a dicho pronunciamiento expresando su total rechazo a estos actos de violencia.
Edwin Guzmán de Asociación Civil Labor intervino declarando un importante avance en el marco del proyecto Caminar: la elaboración consensuada de lineamientos de política en cuencas áridas, las mismas que están siendo tramitadas al gobierno regional. Las principales propuestas giran en torno a cómo fortalecer la institucionalidad para la gestión, como abordar el uso eficiente del agua (no solo la minería sino con participación de todos los actores) y cómo establecer una relación adecuada entre la minería y la cuenca a través del monitoreo ambiental y el fortalecimiento de actores.
Merardo Umiña, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería en pequeña escala comunicó que el 20 y 21 de octubre se reunieron con todas las organizaciones mineras artesanales a nivel nacional para hacer un plan de desarrollo nacional de la minería a pequeña escala, el evento contó con la participación de mineros de Cajamarca, Puno, Arequipa Madre de Dios, entre otros.
Ivan Montés, ingeniero ambiental de Urpichallay, informó que en Vicos se da una experiencia sui generis, explicó que se realiza una negociación directa tanto con los representantes del Estado como con las empresas que operan en el lugar, y la propia comunidad hace la supervisión ambiental y otorga las multas.
Wellington Salcedo Neyra, del Instituto San Marcos en Ancash se pronunció preocupado por el contaminación de la cuenca del río Casma en zona de operaciones de Antamina, informó que el tema se discutió en la mesa de diálogo en Huaraz para resolver el problema. Asimismo, sostuvo que se mantiene la dificultad del desempleo puesto que Antamina no contrata a los pobladores de la zona de influencia de minera a pesar de haber recibido la respectiva capacitación.
La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre, en el marco de la suscripción del Acuerdo del Agua, que es el fruto de más de un año de trabajo gracias al intercambio de opiniones mediante reuniones y talleres de un conjunto de actores de la Comisión de Agua del Grupo de diálogo.
Este Jueves 05 de noviembre se llevará a cabo la 5ta reunión del GDMDS con el tema: Evaluación y Fiscalización Ambiental Minera: Cambios, roles y participación ciudadana. A la exposición del Sr. Guillermo Shino, Gerente de fiscalización minera de OSINERGMIN, lo acompañan el Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio – Ambientales del Ministerio del Ambiente, Sr. Erick Soriano quién tendrá a su cargo el tema del SINEIA (Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental) que es un instrumento de gestión ambiental orientado a la corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de los proyectos de inversión, y por tanto vinculado a la prevención de los conflictos sociales de origen ambiental. Mientras que el Jefe de la OEFA, Sr. Walter García expondrá sobre del SINEFA (Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental) cuyo órgano ejecutivo es la OEFA, entidad autónoma adscrita al MINAM, encargada de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental de personas naturales y jurídicas, privadas o públicas.
Los comentarios estarán a cargo de los Sres. Carlos Aranda, Dante Pinto, y Iván Lanegra, para enriquecer el diálogo desde una mirada empresarial, de los gobiernos regionales, y de la Defensoría del Pueblo.
Así mismo, al inicio de la reunión se presentará el Kit de herramientas para el cierre integrado de minas elaborado por el ICMM, así como las conclusiones del taller de cierres de minas realizado durante la 20 Convención Minera llevado a cabo en Arequipa durante el mes de setiembre. A continuación las ponencias presentadas por los Sres. Luis Campos, José Luis Lopez, y Ada Alegre en PERUMIN:
PROGRAMA 5ta Reunión GDMDS
Jueves 05 de noviembre del 2009
De 9:00 a 13:00 horas
Hotel Boulevard. Av. José Pardo 771, Miraflores
I. Bienvenida y presentación de los asistentes
II. Rueda de informes:
§ Cierre Integrado de Minas – Presentación de Toolkit del ICMM*
Manuel Bernales Pacheco, Consultor de Futuro Sostenible
§ Otros
III. Agenda: Evaluación y Fiscalización Ambiental Minera: Cambios, Roles y participación ciudadana.
Ponentes:
§ Guillermo Shinno
Gerente de Fiscalización Minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)
§ Erick Soriano Bernardini
Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales (OAAS) del Ministerio del Ambiente.
§ Walter García Arata
Jefe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
Panelistas:
§ Carlos Aranda
Gerente de Servicios Técnicos de Southern Perú Copper Corporation
§ Dante Pinto
Sub Gerente de la Autoridad Ambiental Regional del Gobierno Regional de Arequipa (ARMA)
§ Iván Lanegra
Adjunto de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.
IV. Rueda de preguntas, comentarios, y replicas de los ponentes
V. Comentarios finales, acuerdos, conclusiones
* Se hará entrega del Kit de Herramientas de Planificación Para el Cierre Integrado de Minas elaborado por el ICMM.
Importantes conclusiones se vertieron en tercera reunión de la Comisión Tierra, Minería y Comunidades: a) El catastro rural es fundamental para negociaciones. b) Falta modelo tripartita relacional: Estado, empresa y comunidad para tratar el tema de propiedad de la tierra.
Con motivo de aclarar el panorama sobre el estado de la cuestión referido al tema de tierra, minería y comunidades, el pasado viernes 16 de octubre se llevó a cabo la tercera reunión de la Comisión de Tierra, Minería y Comunidades en el local de Care. El fructífero encuentro, presidido por Alfredo Cafferata, coordinador de la comisión, contó con la presencia de representantes de ONGs, consultoras en minería y la Defensoría del Pueblo.
Una primera conclusión fue que el conflicto en Bagua ha logrado poner el Convenio 169 en agenda del debate público. Las comunidades se han empoderando, logrando una mayor simetría entre: Estado, empresas y pueblos indígenas.
Esta reconfiguración de las relaciones de poder obliga a revisar la legislación vigente como la ley de servidumbre minera. Respecto a ello, José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, fue enfático al afirmar la necesidad de pasar de un modelo compra-venta de tierra a uno que asegure la participación de la comunidad en los beneficios.
Sobre la participación comunal, es necesario tener en cuenta las particularidades socio políticas, su intensa dinámica social (fundamentalmente migratoria) y su sistema de toma de decisiones. Por lo que las propuestas que se elaboren al respecto tienen el reto de plantear mecanismos más acordes a su realidad respetando su cultura y propia forma de organización.
Un aprendizaje que se puede rescatar es que las comunidades que cuentan con interlocutores fortalecidos y con un tejido social más sólido tienen más posibilidades de negociar con la empresa.
La principal dificultad identificada que limita el mejor entendimiento entre el Estado, las empresas inversionistas y los pueblos indígenas es el hecho de que no hay una entidad oficial que designe los límites de un distrito, lo cual complica el accionar de las empresas que llegan a operar a las comunidades. Este problema del ordenamiento territorial es recurrente sobre todo cuando no se cuenta con el tan necesario catastro rural y el 70% de los predios no están georeferenciados.
Además, considerando que el Convenio 169 es el marco que regula las relaciones entre el Estado, las actividades minero-energéticas y los derechos de los pueblos indígenas es necesario precisar hasta donde llega la jurisdicción de estos pueblos –en muchos casos el municipio se ha puesto sobre los territorios comunales- y, a su vez si la consulta significa necesariamente consentimiento.
Siguiendo esta misma línea, se insistió en que los proyectos de desarrollo de las empresas deben ir más allá de la buena intención dejando de ser cortoplacistas y con la participación de todos los actores, sobre todo con un papel significativo de las pequeñas comunidades.
También es importante percatarse de cuál debe ser la nueva forma de relación entre empresa y comunidad, sin olvidarse que una vía elemental es mantener el diálogo cultivando las relaciones de confianza.
La conclusión más importante a la cual se llegó gracias a esta reunión, fue que hace falta un modelo tripartita donde se incluya la relación de: comunidad, empresa y Estado, o una secuencia con esquemas bilaterales, teniendo como antecedente a la servidumbre minera (empresa-comunidad) y Convenio 169(Estado –comunidad), en esta misma línea, la generación de un protocolo que tome en cuenta a los tres actores podría ser un importante aporte de la comisión.
¿Sabías que?
El premio nobel de economía 2009, Elinor Ostrom, ha demostrado que la gestión local de los recursos ha sido mucho más exitosa que la de gestores externos. El motivo es que cada sociedad va creando sus reglas elementales de forma natural, a través de asociaciones voluntarias –que van evolucionando con el tiempo–, mientras que un agente externo –como el Gobierno central– puede crear normas que no son legítimas para la sociedad y, por tanto, las evade.
Preguntas pendientes
-Hay una tendencia a explotar la selva y por eso preocupa que no se estén considerado ciertos impactos como algunos proyectos que provocan la destrucción de las especies, ¿Debería haber una compensación por la pérdida de la biodiversidad?
-¿Cómo se debe aplicar el Convenio 169? ¿Cómo se debe implementar?
– ¿El tema de la titularidad de zonas económicas-ecológica es un problema estructural?
Paul Pilco
Estimad@s amig@s
Reciban un saludo cordial. Creo que sería oportuno – hablando del Día de la resolución de conflictos – que para la próxima reunión del GDMDS se incorpore el tema del aporte voluntario, cuál es el nivel de ejecución, un análisis de su impacto, y qué empresas han cumplido con implementarlo y qué cambios se han producido en los territorios comunales con intervención minera.
La información existente en el MEM es limitada y no ayuda a evaluar con la precisión del caso el verdadero impacto de esta contraprestación, que como saben ustedes, reemplazo a la propuesta del impuesto a la sobreganancias.
Miguel Santillana
Estimados Sres.
me parece pertinente que a tres años de la firma del Decreto que normaba la firma de los acuerdos bilaterales Estado-empresa se haga una evaluación como sugieren. ¿Qué funcionó y qué no? ¿Las empresas privadas demostraron ser más eficientes que el Estado?
Lo que también sería bueno es que alguien haga una exposición técnica de qué era la propuesta del impuesto a las sobreganancias (hasta el día de hoy es un discurso), cuál era la tasa, si era uniforme por actividad extractiva, si era por ley promedio de cada mina, si había un precio límite superior por metal o por galón de crudo que hacía que el mecanismo opere, cuántas empresas quedaban fuera del mercado por su aplicación, si el mecanismo operaba a favor de la empresa cuando había recesión. Se debería hacer un balance tentativo de esa propuesta y si evaluar si tenía sentido económico más allá del político.
Todo lo anterior en aras del aprendizaje
Carlos Aranda
Pero antes de preguntar si el Aporte Voluntario funcionó o no, sugiero que se consideren las siguientes premisas:
1.- El Aporte Voluntario apuntaba a trabajar los aspectos de Educación, Salud y Nutrición, principalmente. Todo ello en zonas económicamente deprimidas y con altos índices de carencias en dichos rubros.
2.- Siendo honestos, ¿Es posible que en tres años se pudiera contar con avances SIGNIFICATIVOS que demuestren que los fondos han podido reducir o resolver los problemas que vienen de años sino décadas?
3.- Si bien es cierto que los fondos son más del sector privado, la ejecución de los proyectos consideran la participación de los gobiernos y entidades locales. Ello porque se apuntala lo del desarrollo participativo. O sea que tan libre de injerencia gubernamental no está.
4.- Entre Aporte Voluntario o Impuesto a las Sobreganancias, ¿En tres años, habría diferencia en el progreso en estos rubros? Comparemos con la ejecución del uso de los fondos del Canon Minero y de las Regalías en los últimos tres años también.
5.- Sugiero se revisen los últimos tres reportes del Índice de Desarrollo Humano para el Perú, que llaga a nivel distrital. Por lo menos se utilizarían datos con menos sesgos.
Concuerdo con lo que señala Miguel Santillana, en el sentido que lo del Impuesto a las Sobreganancias es más un discurso que una definición clara. Partiendo de las premisas señaladas, me parece que la respuesta a las preguntas de si el Aporte Voluntario funciona (porque todavía sigue vigente) y si hubiera sido mejor el Impuesto a las Sobreganancias, es compleja. Por ejemplo, hay proyectos que enfocaron la capacitación de maestros de primaria y secundaria, ¿cómo se mide si ha sido efectivo o no en tres años?; el tema de desnutrición incorpora no sólo mejora el acceso a alimentos, sino mejoras en hábitos alimenticios, en atención a otros aspectos de salud, etc. ¿cómo se mide si ha sido efectivo o no en tres años?; y así etc. Por tanto, considero que –hasta cierto punto- la pregunta puede resultar injusta a sólo tres años de implementación de los proyectos bajo el Aporte Voluntario.
Paul Pilco
Vayamos a lo concreto. Señalar que es “injusta” una revisión o evaluación de los avances de aporte voluntario, da a entender que existe el temor de que se aborde este tema y se conozca lo que viene ocurriendo. Quizás en algunas zonas esté funcionando los fondos locales o regionales, pero en otras, se requiere pues que se conozcan sus debilidades y limitaciones. ¿participativo? ¿qué no está libre de injerencia gubernamental?…podría explicar mejor el señor Aranda, eso de la “injerencia gubernamental”…que yo conozca, las empresas son las que tienen la iniciativa en estos procesos incluso en algunas ni siquiera están conformados estos comités participativos e incluso gobiernos locales y/o regionales, como el caso de Apurímac, miran desde lejos como se desenvuelve este aporte.
Y sobre el impuesto a las sobreganancias, si es un discurso o no, aspecto que preocupa el señor Santillana, su propuesta se dio en un contexto que mereció incluso la atención de destacados especialistas tanto nacionales como extranjeros que opinaron sobre la pertinencia de este impuesto. Claro está, fue la SNMPE que saltó hasta el techo cuando fue anunciado. Si pues, es tarea de los amigos del GDM que se convoque a las personas más idóneas para que nos ilustren al respecto. Yo propondría a Humberto Campodónico o en el mejor de los casos a Pedro Franckie para que nos hablen al respecto.
Sobre las comparaciones, que alude el señor Aranda, respecto al canon minero y las regalías, sabemos perfectamente cuál es el cuello de botella y de dónde vienen las responsabilidades, pero discutamoslo…el asunto concreto, es que el canon minero, es un óbolo, un mendrugo, un ripio (algo más del 2%) frente a las utilidades anuales obtenidas por la venta de los minerales. O si no, hagamos un simple ejercicio matemático.
Miguel Santillana
Estimado Sr. Pilco,
Precisamente las matemáticas son su problema. La belleza de las matemáticas es que son precisas, no admiten dudas ni ideología. Otra cosa es la interpretación que las personas le quieren dar a los resultados. Lo bueno de las matemáticas es que acotan el tema, cortan el floro. Desbaratan mitos y leyendas.
Hay errores de concepto fatales, que le permiten decir cosas que no son ciertas. El canon minero no es un óbolo. El canon es una retribución a la zona donde se extrae el recurso. Nace del impuesto a la renta de la empresa extractiva que opera en la zona. El impuesto a la renta es del orden del 30% en el Perú. El 50% de ésta cifra vuelve a las regiones y municipios.
El óbolo minero es una contribución “voluntaria”. Es un arreglo entre cada empresa minera firmante de un contrato con el Estado. Fue una salida política a una coyuntura electoral y post electoral. Tal es así que dura sólo 5 años, bajo ciertas reglas básicas; i) ningún nuevo impuesto al sector, ii) que los precios de los metales no bajen de un nivel.
Sobre el impuesto a la sobreganancias, me encantaría ver los números y respuestas a las preguntas que hice en mi entrega anterior. Insisto, hasta hoy es sólo un discurso sin sustento técnico. Si en la coyuntura de precios muy altos cobramos sobreganancias, cuando los precios estén bajos ¿subsidiamos las pérdidas de las empresas? Pedro Franke es muy buen economista para temas de política social, de esto sabe poco o nada. Humberto Campodónico ha escrito bastante desde su columna en La República, pero mucho de sus cálculos parecen haber sido hechos en una servilleta cuando tomaba un café. Buena intuición, pero no basta para justificar una política económica (son como los cálculos de Hernando de Soto para su libro El Otro Sendero, al ojímetro). Si se cobra impuestos a la sobre ganancias de las empresas, ¿cómo se les debe compensar por los mayores costos operativos por trabajar en un país como el Perú?¿Cuánto más gastan las empresas en seguridad por operar en el Perú donde se supone que hay un Estado que se encarga de la seguridad pública y jurídica? En UK o USA, el Estado ha impuesto nuevas normas tributarias en situaciones especiales, pero las empresas operan en un país que funciona.
En lo que estoy de acuerdo con el Sr. Pilco es que si es tiempo para hacer una evaluación de lo hecho hasta el momento con el óbolo minero.Han pasado tres años.
Comprendo las observaciones del Sr. Aranda, la incidencia en variables sociales toman tiempo. Lo que me gustaría que comuniquen las empresas qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, qué problemas tuvieron que enfrentar, etc. En otras palabras pido que me cuenten el proceso y hacer una evaluación del mismo. No necesariamente, evaluar si llegaron a la meta u objetivo o no.
Una empresa líder como Antamina creo que no se haría ningún problema en hacer una presentación pues sé que hay una gerencia profesional del Fondo Mienro Antamina. ¿Hay otras empresas que puedan mostrar lo que han estado haciendo?
Creo que las empresas deben comunicar pues si no están expuestas a posiciones como las del Sr. Pilco y gente parecida.
Paul Pilco
Qué manera de rajuñarse señor Santillana. Ese gusto por hacerse notar cada vez es más evidente, como ese desproporcionado comentario suyo que en el Perú los mineros artesanales son narcotraficantes o todo lo que sea contrario a la minería huele a cocaína, látex de opio, etc… Para precisarle que el significado de “óbolo”, no es un error de concepto que usted hidalgamente me atribuye. Para su conocimiento, óbolo, significa pequeña cantidad…y cuando me refería al canon minero, señor Santillana, me refería exactamente a eso…el canon minero es un “óbolo” frente a todo lo que han ganado las empresas mineras. Seguimos haciendo del floro, un ejercicio literal?
Carlos Aranda:
Partiendo de la detallada respuesta de Miguel, sólo me queda precisar que no estoy en contra de que se evalúe lo hecho por el Aporte Voluntario. Sólo señalé que PODRIA resultar injusta la pregunta de tener la intención de demostrar que el avance ha sido poco significativo. De hecho, la evaluación se hace todos los años y la demanda el propio gobierno. Lo que sí falta, como señala Miguel, es que haya una mayor difusión de esta información. La SNMPE hace un esfuerzo publicando un consolidado de esta información (ver: http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Folleto_Informativo_2009.pdf)
Además, le aclaro al Sr. Pilco lo siguiente: los proyectos que abordan el Aporte Voluntario no se hacen porque a la empresa le da la gana. Se hacen en coordinación con las entidades locales, tanto políticas (Ministerios, Municipalidades, directivas comunales, etc.) como sociales (vaso de leche, productores locales, etc.) Esta coordinación cumple con el objetivo de evitar duplicidad o contradicción en esfuerzos de desarrollo. Estoy seguro que si las empresas salieran a trabajar en proyectos desprovistos de esta coordinación, personas como el Sr. Pilco serían las primeras en saltar y acusar a las empresas de no tomar en consideración a las poblaciones. Estos proyectos de desarrollo también deben pasar por el SNIP, así que injerencia gubernamental sí hay. Por ello, Sr. Pilco, señalé que estos proyectos cuentan con la presencia gubernamental. No considero que ello sea negativo, toda vez que alguna entidad gubernamental (nacional, regional o local) deberá asumir la gestión una vez plasmado el proyecto. Sobre Apurímac, al contar con poca presencia de operaciones mineras (la mayoría son de exploración) el aporte voluntario es bastante menor.
El Aporte Voluntario puede ser considerado como un “óbolo” por algunos, pero considero que la fuente de ese calificativo despectivo puede provenir del entendido –repito, por algunos- que las ganancias de las empresas deben ser mantenidas dentro de ciertos “rangos” artificialmente establecidos. Eso no es hacer empresa, por si acaso. La mayor responsabilidad social de una empresa es el ser rentable, porque si no lo es, los trabajadores no son bien remunerados o –peor aún- se quedan sin trabajo. Sin una empresa rentable, no se pagan más impuestos, que luego revierten al tesoro público para desarrollo nacional. Sin una empresa rentable, el canon es menor y –como en el caso que debatimos- el Aporte Voluntario y otras inversiones de desarrollo social local tampoco se darían. ¿Pagar 30% de impuestos le parece poco, Sr. Pilco? Bien, entonces sea usted el primero en pagar el porcentaje que crea que es justo.
El pasado 30 de Septiembre se llevó a cabo el taller para la presentación de la cartilla de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental en Ancash. . El evento propicio debate entre los asistentes y sobre todo logró el interés de actores locales.
De esta forma el jefe del Parque Nacional Huascarán ha pedido formar parte de la Red Regional y se ha comprometido a impulsar el monitoreo ambiental en zonas de su jurisdicción. Así mismo el responsable en Minería de la Defensoría del Pueblo con sede Ancash manifestó su interés en relacionarse con la Red regional con la finalidad de sumar esfuerzos para garantizar el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.
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